domingo, 14 de noviembre de 2010

Actividad 3

3.- Con base en el análisis del capítulo III, “De la equidad en la educación”, de la Ley General de Educación, elaborar un escrito que contenga las principales acciones implementadas por el sistema educativo nacional para alcanzar la equidad en el acceso, la permanencia y el logro de los grupos más vulnerables de la población, señalando aquellas que en la entidad tengan mayores repercusiones. En plenaria intercambiar sus opiniones y elaborar conclusiones acerca de los retos que con respecto a la equidad enfrenta la educación básica. Para complementar esta actividad, se sugiere que se apoyen en los contenidos sobre la equidad que se abordan en la asignatura Problemas y Políticas de la Educación Básica en México.

 La Ley General de Educación Mexicana establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. En los últimos años este derecho se ha expandido conceptualmente a incluir no sólo el derecho a recibir una educación sino a recibir una educación de calidad. Este principio de equidad hace imprescindible adoptar y reforzar las medidas que han sido destinadas a mejorar la calidad de las escuelas, principalmente aquellas que se encuentran en mayores desventajas de acceder a las oportunidades educativas. Dentro de este grupo se encuentran primordialmente las escuelas rurales, urbano-marginales y las que atienden a poblaciones indígenas.
México, al igual que los países más desarrollados de América Latina, tiene porlos menos dos tipos de problemas en su educación básica. Por una parte debe incorporar a quienes no frecuentan la escolaridad obligatoria; por otra, debe mejorar tanto la eficiencia interna del sistema (bajar índices de incorporación tardía, repetición escolar, etc.) como la calidad de los aprendizajes efectivamente logrados. Estas desigualdades educativas, tanto de incorporación al sistema como de permanencia y aprendizaje, tienen que ver no sólo con limitaciones y desigualdades de la oferta del servicio educativo sino también con la desigual distribución de recursos (económicos, culturales, sociales, etc.) con que cuentan las familias para garantizar y sostener en el tiempo la “educabilidad” de sus hijos. Por eso son muchos los que creen que no es posible garantizar igualdad de oportunidades educativas sin ciertos mínimos de igualdad y justicia social.

En el campo de las políticas educativas, la preocupación por ofrecer educación básica a las poblaciones excluidas, en especial en las zonas rurales de México, es una constante durante todo el período de la Revolución Mexicana. Durante el último tercio del siglo XX la voluntad de universalizar la educación básica se expresó en la creación y desarrollo de dos instituciones específicas:

El CONAFE y la Telesecundaria. A lo largo de ese período estas instituciones y sus programas tuvieron un crecimiento sostenido y una presencia que se extiende a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Pero cabe destacar también que el CONAFE ha mostrado gran sensibilidad para adecuar sus ofertas educativas a las necesidades y condiciones de vida de los grupos tradicionalmente excluidos de la escolaridad. Es así como, además del crecimiento sostenido de las coberturas, se observa una diversificación de programas en función de la gran variedad de situaciones y problemas que es preciso resolver.
Como resultado de este proceso, la Educación Comunitaria hoy beneficia a
300.000 niños, adolescentes y jóvenes que habitan en comunidades pequeñas y aisladas. (más de 125.000 en preescolar, cerca de 160.000 en primaria y alrededor de 4.000 en posprimaria). A su vez, la Telesecundaria, que inicia su actividad en 1968 con una matrícula de poco más de 6.500 alumnos, hoy (ciclo escolar 1998-1999) ofrece educación secundaria a casi un millón de adolescentes y jóvenes 8. La matrícula de la Telesecundaria representa casi una quinta parte del total de inscriptos en ese nivel y tiene una tendencia al crecimiento más elevada que la de las secundarias generales y técnicas.
Sin embargo, los objetivos de equidad trascienden la preocupación por la universalización de las coberturas. En la década de los 80 y, de manera más acentuada, de los 90, se instalaron en la agenda de la política educativa los temas de la desigualdad en la distribución de los recursos educativos y del
“rezago educativo” (Jacinto, 1999). De allí la implementación de intervenciones públicas específicamente orientados a beneficiar a las poblaciones y territorios más desfavorecidos en términos de distribución de recursos sociales relevantes.

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